Diálogo para la responsabilidad social: una tarea comunicativa

Enrique Esquivel López

El Pacto Mundial para la Responsabilidad Social se centra en principios y derechos fundamentales que están tomados de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La importancia que le da la organización al diálogo social contribuye significativamente a la realización del objetivo del Pacto, el cual se fundamenta en la difusión de los derechos y principios que respetan la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzado, la explotación infantil y la discriminación en el empleo y las profesiones. La iniciativa asume que el fomento de un diálogo social centrado en estos principios, promoverá la transparencia y el desarrollo de proyectos conjuntos entre la sociedad, los trabajadores y las empresas. El objetivo de este artículo es plantear que el reconocimiento de la necesidad de centrar la discusión de la responsabilidad social sobre la construcción de un diálogo la convierte en una tarea comunicativa a escala mundial. Las actividades de difusión, el desarrollo de redes, foros de diálogo y aprendizaje constituyen una prometedora tarea comunicativa, de la cual intentaré comentar algunas de sus implicaciones más significativas.

Para Habermas, una tarea o acción comunicativa que se precia de ser legítima, inicia con el reconocimiento de la capacidad interpretativa de los participantes. Supone que el cuerpo social está formado de observadores capaces de formular racionalmente propuestas significativas. Todos formamos parte de las acciones de la sociedad, pero a la vez informamos a la sociedad sobre sus posibles fallas o mejoras a través de la observación y el diálogo. Es así que surge el reconocimiento de la capacidad transformadora del diálogo al centro del pensamiento de la acción comunicativa. La neutralidad contradice a la razón, porque niega la fuerza de contribución del pensamiento del otro en nuestra racionalidad social. La racionalidad comunicativa se convierte así en “la comprensión de las orientaciones racionales… se convierte en punto de referencia para la comprensión de todas las orientaciones de acción” (Habermas, 2007a, p. 22) promoviendo, de esta manera, la construcción de valores reconocidos como legítimos y necesarios en común.

La aparente racionalidad de la toma de decisiones morales y éticas de grupos que no dialogan e imponen sus puntos de vista, rompe el equilibrio social y, sobre todo, niega la capacidad racional del otro. La búsqueda de un entendimiento legítimamente en común será producto del reconocimiento de las cualidades interpretativas de todos los componentes de la sociedad en un diálogo que reconozca inicialmente la posibilidad de encuentro de valores en común con el otro. Los principios y derechos del Pacto Mundial para la Responsabilidad Social establecen una agenda muy puntual de temas que me interesaría comentar a la luz de los principios de la acción comunicativa. La discusión de la posibilidad de una legítima libertad de asociación y la negociación colectiva en el actual esquema corporativo de la mayoría de las organizaciones modernas, permanece relegado como un tema secundario opacado por el significado dominante que damos a los factores de éxito económico y acumulación de capital. De esta manera, los objetivos sociales de las empresas se vuelven secundarios. El discurso político también se ha apropiado en la actualidad del significado económico, de manera que la imaginación del discurso político –como un elemento inspirador de la sociedad– se ha subordinado o, en el mejor de los casos, debilitado.

Frente a las alarmantes cifras de desempleo y pobreza en el mundo, el discurso de la eliminación del trabajo forzado se ha visto opacado por el simple acceso a que la mayoría tenga un modo de subsistencia. La polarización social, producto de una deficiente distribución de la riqueza y oportunidades, ha alejado el discurso de la eliminación del trabajo forzado del sentido original de construir opciones y oportunidades de trabajo digno a la sociedad. La explotación infantil y la discriminación en el empleo y las profesiones son la consecuencia de la carencia de interés en la construcción de un diálogo social que produzca opciones racionales hacia la dignidad y la inclusión de la diversidad social. Por ello, comentaré alguna de las implicaciones que considero deberían revisarse en la construcción de un diálogo profundamente racional y comunicativo para llevar a cabo la tarea de la conducción de la responsabilidad social de nuestras organizaciones y nuestra sociedad.

Libertad de asociación con responsabilidad

La promoción de una libertad de negociación en las empresas actuales supone el reconocimiento –con responsabilidad– de la introducción de una política de igualdad de oportunidades. En uno de sus reportes iniciales (OIT, 1998), la Organización Internacional del Trabajo aproxima algunas de las implicaciones más significativas para la comprensión y el entendimiento de la igualdad en las organizaciones, asegurando que dicha igualdad no debe entenderse como un ejercicio de relaciones públicas, ni dejarse exclusivamente en manejo del departamento de personal como un “asunto varios” en las reuniones de la dirección general. La introducción de una política de igualdad debe surgir de la convicción consensuada de los representantes directivos de la organización, ya que éstos serán puestos en escrutinio público una vez que la convocatoria sea comunicada.

Para el cumplimiento de la responsabilidad social, la política de igualdad deberá ser claramente acotada y ceñirse a la legislación nacional del país donde se pretenda establecer. Habermas propone que el concepto de racionalidad comunicativa “posee connotaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso…” (2007a, p. 27). Por ello, es importante –para su legitimación– que el diálogo del que surja la política de libertad de asociación en la empresa, sea una expresión –sin coacción– de oportunidades y no contradiga en espíritu y acción la legislación laboral vigente en cada región. Las nuevas políticas serán una puesta en práctica de los principios señalados en la legislación laboral vigente de cada país y se propondrán como un monitoreo permanente para asegurar el cumplimiento racional de la ley. Las actividades de negociación colectiva en la empresa requerirán de una estrategia de comunicación que garantice y facilite la participación del diálogo y la creación de consensos. De esta manera, se construirá un dominio legítimo de encuentro y apropiación que validará las intenciones de sus promotores y garantizará el derecho a una igualdad de oportunidades del resto de los miembros de la empresa.

Creación del trabajo decente

Varias son las connotaciones que pueden atribuirse al trabajo forzado. La oit plantea, como uno de sus objetivos principales, el promover oportunidades para que hombres y mujeres consigan un trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto de la dignidad humana. La particularización hecha por la oit reconoce el trabajo decente como aquel en el que sus integrantes gozan de derechos, es decir, que la medida de un trabajo no forzado o decente satisface o supera los estándares sociales básicos y, por lo tanto, es consistente con los valores y las metas de la sociedad en que se realiza. En este sentido –según la oit– el concepto de “decente” evoluciona, como lo hacen también las posibilidades de las sociedades, de manera que el umbral avanza al compás del progreso económico y social.

Desde mi perspectiva, el umbral de la decencia en el trabajo, expresado como un estándar social, limita la posibilidad de la racionalidad de un diálogo social. Lo que subyace en el principio de un estándar de decencia social laboral no puede medirse y justificarse por una etapa de desarrollo social o económico. La decencia de una forma de vida de un contratante de trabajadores ilegales inmigrantes en Estados Unidos, no justifica la falta de garantías y decencia con las que estos trabajadores escapan de su país. De igual manera, la decencia de un trabajador que trata de ganarse un ingreso en el hogar o en la calle, sin el amparo de regulaciones, no se define por la decencia de un empleo regulado y amparado por la ley. Ambas son expresiones que pueden distar mucho de brindar garantías a la dignidad humana. La promoción del diálogo social para la responsabilidad social debe iniciarse como una extensión del valor de la protección social para todos, esto es, el derecho al trabajo como una garantía de la dignidad humana, no sólo de la economía.

Identidad ciudadana de los niños

Un reporte reciente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2002, p. 6) indica que, a nivel mundial, una de cada seis personas entre los 5 y 17 años de edad participa en la producción de bienes y la prestación de servicios destinados al mercado y que de ellas, dos de cada tres son explotadas bajo alguna modalidad de las peores formas del trabajo infantil. Dos terceras partes de las niñas y niños ocupados en trabajos peligrosos no rebasan los 15 años; y la prostitución y la pornografía afectan sobre todo a las niñas. Con lo alarmante que son estas cifras, uno de los aspectos menos explorado y discutido en los reportes sobre la explotación infantil tiene que ver con la identidad social de los niños y niñas, como una garantía de la dignidad social no sólo individual, sino del entorno social en donde viven. El enfocar la explotación infantil no como un hecho lamentable y vergonzoso para quienes la padecen y promueven, sino poco responsable para la sociedad que se muestra indiferente a la dignificación de sus miembros, complementa la urgencia con la que los ciudadanos debemos promover un diálogo racional y responsable para la construcción de una sociedad más justa.

La identidad ciudadana del niño y adolescente se construye por un proceso de adscripción e identificación con los modelos imperantes en su entorno. Si aceptamos este supuesto, la explotación laboral de los infantes es expresión directa de una distorsión en los modelos imperantes en donde el trabajo productivo condiciona al educativo en una sociedad. Las escuelas, como organizaciones sociales, son entidades clave en la promoción de un diálogo donde las políticas de educación universal para los niños sea un imperativo para padres y líderes políticos en el entorno social. La sola participación del Estado o gobierno en turno en el establecimiento de políticas educativas, limita la construcción de una acción comunicativa que encuentre nuevas vías racionales a la responsabilidad social de las organizaciones en la formación de una identidad social digna. La educación, por ser gratuita, no significa que es necesaria o imperante para todas las familias. Pues no son sólo la pobreza, la ignorancia o necesidad de supervivencia la que lleva a algunos padres a inducir la obligación del trabajo a sus hijos en edad temprana, sino también una sociedad que no ha construido un diálogo responsable sobre la vinculación entre trabajo digno y la identidad social de sus ciudadanos.

Inclusión para la paz

La OIT, en un informe global sobre la discriminación en el trabajo en el 2003, resalta algunos aspectos que pueden ser relevantes para la elaboración de argumentos en la construcción de un diálogo social responsable para la paz. El reporte menciona que el lugar de trabajo es un lugar estratégico para comenzar la lucha contra la discriminación, pues en él conviven personas con diferentes características y contextos sociales que se unen bajo un propósito común. Desde mi punto de vista, el ejercicio cotidiano en el trato con las diferencias constituye un elemento educacional poco explorado en el campo laboral. El establecimiento de políticas incluyentes que fomenten el trato equitativo y dignamente igualitario, permite ejercitarnos en una acción comunicativa en donde se legitimen las cualidades interpretativas de los otros. Transformar la comunidad laboral en una comunidad de diálogo, en donde se combatan los estereotipos y se reduzca el peso de los prejuicios, previene y remedia la fragmentación social y la preponderancia de los conflictos. Aquí es donde la relación entre la inclusión y la paz es evidente.

La combinación de la observancia de la ley y el fomento de una educación que promueva la inclusión y edifique argumentos contra la exclusión y desigualdad, pesarán más que la simple prohibición o tolerancia a la diferencia. Siguiendo a Habermas, en la racionalidad de una sociedad emancipada “tendría que existir una conexión causal entre la progresiva diferenciación del sistema social y la formación de una moral capaz de servir autónomamente de base de la integración social” (2007b, p. 166). Si admitimos los argumentos de la acción comunicativa, las tareas para la responsabilidad social de las empresas enfrentan retos que inciden en el centro de su misión y valores. ¿De qué manera la misión y visión de las organizaciones reconocen los principios y derechos de la capacidad de asociación y negociación colectivas? ¿Cuántas organizaciones están dispuestas a reconocer –sin coacción– la fuerza de los mejores argumentos de sus agremiados? ¿Cómo construir una nueva rendición social de cuentas que refleje la construcción de una renovada ética colectiva, que no se interprete como un atentado a los principios del capital y los mercados? La tarea comunicativa acaba de iniciar.


Referencias

Habermas, J. (2007a). Teoría de la acción comunicativa, I. Racionalidad de la acción y racionalidad social. México: Taurus Humanidades.
Habermas, J. (2007b). Teoría de la acción comunicativa, II. Crítica de la razón funcionalista. México: Taurus Humanidades.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2002). El trabajo infantil en México 1995-2002. México: INEGI.
Organización Internacional del Trabajo (1998). De un empleador a otro: hablemos de la igualdad. Ginebra: OIT.

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